Especialización en Derecho Constitucional

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"Análisis Constitucional De La Medida De Aseguramiento Según Parágrafo 2 Del Artículo 308, Ley 906 De 2004 Y Sus Modificaciones".
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Aguirre Hernández, Gloria Isadora; Ampudia Asprilla, Lenis Gustavo; Cano Sterling, Andrés Felipe
En el desarrollo y aplicación del Artículo 308 de la Ley 906 de 2004, se presume la preexistencia de distintos requisitos constitucionales aplicados para la imposición de medidas de aseguramiento, sin dejar de lado las medidas de este tipo en las que se resalta la inferencia judicial razonable, en las cuales se considera que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se considera materia de investigación o de juzgamiento. El presente trabajo estudia las modificaciones aprobadas mediante La Ley 1760 de 2015, en su art. 308, parágrafo dos, establecen situaciones realmente inaplicables y contradictorias para que el Juez de garantías, si no posee los instrumentos jurídicos claro para tomar una decisión de medida de aseguramiento o libertad, tiene como soporte esencial la Constitución y para el efecto, cuenta con el artículo 2 sobre los fines esenciales del Estado.
Políticas públicas en garantía del goce efectivo de los derechos de la comunidad LGTBI -¿Ausencia de desarrollo legislativo o poca efectividad en la dinámica institucional y social?-
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Sotelo Velasquez, Jhon Edward; Toro Hernández, Laura Inés
I response to the changes that have been presented in society, whether in the political, economic or cultural relations, and that impact directly and significantly the structure of the family way, i want in this trial deepen topics that today, today they have generated much controversy or debate, as these changes have been taking place gradually, have created big questions in the legal regulation of the same. for they have changed the traditional concepts and models, looking for framing within the legal recognition and protection of sectors that were relegated forever; and it is in this light, in order to try to exert garantista pedagogy, which are reflected in the pages of this trial, judicial decisions and legislative proposals aimed at achieving this objective, which is reiterated, is none other than to provide all citizens regardless of class, status or any other aspect, the free exercise of their rights and the enjoyment of the guarantees recognized by our constitutional order.
Vulneración de derechos sociales fundamentales en la indemnización sustitutiva, en el marco del estado social democrático y de derecho
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Onofre Vanegas, Jeison Eduardo; Toro Hernandez, Laura Ines
El Proceso De Paz Frente A Los Delitos Políticos.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Perea Rivas, Danny Lorena; Henao Alegría, Isaura Emilce; Toro Hernández, Laura Ines
El marco jurídico para la paz, es una herramienta constitucional que se crea para lograr de manera pronta y justa una salida negociada al conflicto, ya que el objetivo de este proceso de paz es facilitar la transformación de un grupo armado al margen de la ley en un movimiento político en democracia. El acto legislativo 01 del 2012 que hace referencia al artículo 66 transitorio de la Constitución Política de Colombia, sienta las bases de la que será una estrategia de justicia transicional en el evento de que llegue a un acuerdo final de paz con los grupos al margen de la ley y el artículo 67 transitorio crea cuales son las condiciones para la reintegración política de los excombatientes de aquellos grupos desmovilizados. El gobierno nacional expone que con el artículo 67 transitorio se busca romper el vínculo entre política y armas y de reestablecer una regla básica de la democracia para que así nadie tenga que recurrir a las armas para promover sus ideas políticas y que no existan más víctimas de la violencia por ideas políticas. El artículo 67 transitorio representa un eje de intersección en el cual se cruza una ratificación implícita de la inhabilidad general para participar en política, esto en motivo de existir una condena privativa de la libertad y la necesidad de delimitar como excepción a dicha inhabilidad general. Se ha definido que son delitos políticos aquellos que el Código Penal presenta bajo el título de delitos contra el régimen constitucional y legal como lo es el de rebelión, sedición y asonada, asi mismo ha sido reconocido en la Sentencia C-986 del 2010 Magistrado Ponente LUIS ERNESTO VARGAS SILVA pues establece que el legislador confiera el carácter de conexos a otros tipos penales siempre que cumpla con las condiciones de razonabilidad y proporcionalidad. La conexidad es una figura técnica que permite al estado aplicarle los beneficios constitucionales de amnistía e indulto de los delitos políticos a otra serie de delitos que sean necesarios de manera objetiva o por la finalidad para el resarcimiento de los delitos de rebelión, sedición, asonada o conspiración entre otros, los cuales están dentro del ordenamiento jurídico.
El Poligrafo Y/O analizador de strés de voz en el proceso de selección de cargos de carrera administrativa.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Angulo Mina, Lilian del Rocio; Toro Hernández, Laura Ines
En Colombia a partir de la Constitución Política – C.P., de 1991, la persona que aspire a un cargo de carrera administrativa en las entidades y organismos del estado deberá participar en las convocatorias realizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien es la competente para realizar concurso abierto de méritos de las entidades y organismos que posean un sistema general o especifico de carrera, así como el sistema de carrera docente, habida cuenta que la vinculación de acuerdo al artículo 125 de la C.P., se realiza por mérito, por las calidades e idoneidad del aspirante y no por intereses políticos, clientelismo, etc., buscando que el proceso de selección sea transparente y se garantice los principios de igualdad e imparcialidad, entre otros. El objeto del presente ensayo es identificar “la normatividad que permita la inclusión de mecanismos como el polígrafo, el “Análisis de Estrés de voz- VSA”, en el proceso de selección de personal para proveer cargos de carrera administrativa, toda vez que dichos mecanismos están siendo utilizados en algunas convocatorias con el propósito de “establecer información personal especifica de confiabilidad de los aspirantes” que hayan superado las pruebas comportamentales y funcionales. Esta es una prueba que homologa la tradicional entrevista y que es realizada a solicitud de las entidades y organismos interesados como “una medida para combatir la corrupción”.
La acción como mecanismo de protección del derecho fundamental a la salud: Desde la óptica jurisprudencial y la ley 1751 de 2015.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Camacho, Gloria Eugenia; Cuartas Mosquera, Hernán
La constitucionalidad de las decisiones judiciales en sede ordinaria y de tutela en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Forero Mesa, Sergio; Toro Hernández, Laura Ines
"Las Leyes Colombianas en cuanto a las sanciones por conducir vehículos automotores en estado de alicoramiento"
(Universidad Santiago de Cali, 2016) González Morales, Jorge Wilmar; Toro Hernández, Laura inés
La ley 1696 del 19 de diciembre de 2013, hace referencia a las sanciones penales y administrativas de la conducción de vehículos automotor, bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas estableciendo la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores durante el tiempo que se le suspenda o cancele la licencia. Con el objetivo de darle una mirada a la ley de embriaguez expedida el 19 de diciembre de 2013, daremos un recorrido desde los años 70 sobre lo acontecido en la normatividad Colombiana respecto a la embriaguez, mediante el decreto 1344 de 1970 se dio inicio, a través del artículo 181 que refiere lo siguiente “Será sancionado con multa equivalente a veinte salarios mínimos el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes”, y cuyo Ítem 9 reseñaba “Conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes. Además incurrirá en la suspensión de la licencia de conducción de seis meses a un año, arresto de veinticuatro horas e inmovilización del vehículo.” 1 Este artículo fue posteriormente modificado por el artículo 252 de la Ley 33 de 1986, el cual fue modificado nuevamente a través del artículo 1o. del Decreto 1809 de 1990,2 derogado posteriormente por el artículo 170 de la ley 769 de 2002.3 A su vez modificado por la ley 1383 de 2010,4 este cambio al código nacional de tránsito, trajo consigo otras disposiciones referente a la medición del estado de alcoholemia de un conductor, como también a las sanciones que se hace acreedor de ser sorprendido conduciendo bajo los efectos de la alcoholemia o encontrarse frente a un accidente de tránsito. Debido a la falta de información y difusión correcta de la ley, muy pocos conductores, peatones, pasajeros o ciudadanos del común, incluso las mismas autoridades, desconocían la violación a esta norma, para argumentar a lo que hago referencia, vale mencionar que entre los años 1990 a 2002, básicamente no hay registro de infracciones por conductores en estado de embriaguez, mucho menos de los años 90 hacia atrás.
"La Ley Injusta"
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Román Villarejo, Edward Alexis; Cano Sterling, Andrés Felipe
Es normal escuchar al común de la gente cuando se refieren a situaciones relacionadas con la aplicación de normas expresiones como “que ley más injusta” o “dura es la Ley, pero es la Ley”, lo que inmediatamente nos permite inferir independientemente del grado de justicia de la norma o de la fuerza en su aplicación, que una ley se tiene que aplicar por que sí. De ser cierta la anterior premisa, estaríamos frente a una dictadura legal que eventualmente podría en algunos casos afectar los derechos de los ciudadanos y causar daños irremediables en su proyecto de vida y a su vida en relación, lo que nos lleva obligatoriamente a iniciar un análisis sobre la posibilidad de inaplicar una norma injusta para evitar daños antijurídicos en los ciudadanos sobre los que recae el mandato legal. El presente ensayo busca introducirnos en el inicio del estudio que nos permita tomar la decisión de inaplicar una norma injusta sin violentar el ordenamiento jurídico vigente.
La intimidad personal y familiar es un derecho inherente al ser humano.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Valencia Quintero, Yurisan; Toro Hernández, Laura Inés
El Legislador Extraordinario en los Estados de Excepción.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Leudo Murillo, Luis Elias; Perez Sehuanes, Pedro José; Toro Hernández, Laura Ines
Hay que precisar en primer término que nuestra Constitución Política, consagra la figura de los Estados de Excepción en sus artículos 212 Guerra exterior, 213 conmoción interior, 214 disposiciones generales de los estados de excepción y 215 emergencia económico social y ambiental. Así mismo el artículo 215 de nuestra Constitución Política y la ley 137 de 1994, conocida como ley estatutaria de los estados de excepción facultan al señor presidente de la república para expedir el decreto de su declaratoria como también, lo necesario para atender la situación que afecta o conjurar las amenazas contra la seguridad del país. Queremos con la presentación de este ensayo y en particular con el tema abordado, hacer algunas reflexiones sobre la importancia, conveniencia y alcances de las medidas tomadas por el gobierno en virtud de las declaratorias de los estados de excepción; con el interrogante ¿se usurpa o no funciones legislativas propias o exclusivas del legislador ordinario- Congreso de la Republica? Optamos también, por compartir con nuestros lectores un segundo interrogante sobre los controles políticos y jurídicos a que están sometidos los decretos de estados de excepción dictados por el presidente de la república, en atención a su verdadera eficacia frente a los mismos o si por el contrario puede advertirse su complacencia con relación a las disposiciones (decretos de declaratoria de la emergencia y los decretos leyes).
La evolución del derecho fundamental a la igualdad a partir de la constitución política de 1991
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Bolaños Rodriguez, Nury Mary; Toro Hernández, Laura Inés
¿Colombia es un estado benefactor o un estado proteccionista?
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Rojas Gaviria, Lorena Gycel; Toro Hernandez, Laura Ines
Desde muy pequeña me apasionaba ser abogada y siempre me la pasaba haciendo preguntas sobre leyes, preguntando ¿por qué había gente pobre, mendigos jóvenes, viejos y niños? , ¿Por qué tanta violencia, ¿Qué era un guerrillero? ¿Por qué tenemos una mala educación? Y creo que la pregunta que me daba más vueltas y vueltas en la cabeza era ¿Cuándo habrá paz en Colombia?Sobre la pregunta de la paz en Colombia que era uno de mis interrogantes, solo se escuchaba hablar a los mayores de la violencia que llevaba muchos años, pero que no pasaba nada, es decir, no veían cómo, o de qué forma se podía iniciar un proceso de paz. En esa época no existía aun una mesa de diálogos, como la que existe hoy en día con las FARC en Cuba.Todas estas inquietudes se las formulaba a mis profesores de primaria, de bachillerato. Había respuestas de toda índole, pero ninguna llenaba mis expectativas como ciudadana.
Análisis De La Ley 403 De 1997 Estímulos A los Sufragantes.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Restrepo Lozano, Marcela; Libreros Saenz, Paola Andrea; Cuartas Mosquera, Hernan
Nos proponemos en el siguiente ensayo analizar críticamente los estímulos a los Sufragantes, plasmados en la ley 403/1997, identificando que tan pertinente o viables son estos incentivos que otorga el estado a los ciudadanos actos para votar, y si estos crean una conciencia activa en las elecciones para participar democráticamente escogiendo a sus representantes, dándole así la importancia al voto y la elección popular los cuales defienden los intereses sociales donde sobresale el bien colectivo, ante el bien particular. Esta ley fue creada para cambiar el desinterés al sufragio que se tiene por parte de los votantes e incentivarlos a ejercer su derecho y deber legal al voto, donde cada uno puede elegir el candidato que más le guste o si no hay nadie de su preferencia puede ejercer su derecho con el voto blanco. La finalidad de este ensayo es analizar la ley y verificar que tan llamativos, convincentes y beneficiosos pueden ser estos estímulos, otorgados por el Gobierno Nacional para disminuir la abstención electoral y constatar que por ningún motivo se está vulnerando el derecho a la igualdad frente a los ciudadanos que no puedan o no quieran ejercer su voto. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados
El derecho penal internacional como límite a los acuerdos de paz en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Cadena Villamil, Lina Paola; Cano Sterling, Lina Paola
"La Ineficacia del derecho de petición frente al silencio administrativo"
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Paz Caicedo, Jaime Alberto; Cuartas Mosquera, Hernán
Siendo el derecho de petición un derecho-medio o un derecho-Garantía del que se vale el individuo para lograr que en la práctica sean efectivos y amparados todos sus demás derechos y libertades públicas, su ejercicio y eficacia puedan quedar a merced del querer omnímodo de la autoridad destinataria de la pretensión. El silencio administrativo es un efecto legalmente reconocido al incumplimiento de los deberes constitucionales y legales que tiene la Administración de resolver en forma oportuna y concreta las peticiones que le sean formulados por una persona natural o jurídica de derecho privado o público. Puesto que nadie puede alegar en su favor su propia culpa, este efecto debe favorecer al peticionario en contra de quien no obró teniendo obligación de hacerlo como lo es la administración. Además del efecto desfavorable previsto por vía general en la ley que implica el silencio, para la petición del administrado, se genera para el Estado la responsabilidad por el incumplimiento de sus fines por omisión y el Estado podrá repetir contra el funcionario quien además será sujeto pasivo de un proceso disciplinario.
Enfoque del derecho constitucional en la ley de víctimas y restitución de tierras y los derechos de la víctima del conflicto armado en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Gómez Mora, Tulio Eduardo; Toro Hernandez, Laura Ines
El voto obligatorio en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Zuluaga Salazar, José Efrain; Cuartas Mosquera, Hernán
La Constitución de 1991 y el reconocimiento de la mujer como actor fundamental en la política y el desarrollo de la sociedad.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Albarracin Sánchez, Ana María; Pastrana Buelvas, Eduardo
El presente documento tratará acerca del reconocimiento político de la mujer, tanto a nivel internacional, como nacional, teniendo en cuenta los grandes cambios que introdujo la Constitución de 1991, además se dará una breve introducción para contextualizar el rol de la mujer antiguamente. Este escrito será orientado en tres ejes: en primer lugar, es importante revisar el papel fundamental que han realizado los organismos internacionales, como La ONU y PNUD, entre otros, con el fin de empoderar a la mujer en la sociedad, siendo un actor que tiene derechos y que es indispensable para el desarrollo mundial. En segundo lugar, es relevante mencionar los avances que se han dado en Colombia en materia de derechos de la mujer y participación política femenina, con la creación e implementación de leyes importantes que amparan e incluyen a la mujer en el ámbito público y privado, estas serán un objeto de análisis según datos recolectados en distintas fuentes bibliográficas, con la finalidad de reconocer de manera muy general las dificultades y cambios significativos que se han dado en materia de participación política femenina en Colombia.
La consulta previa como Derecho Fundamental
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Bolívar Castaño, Juan Pablo; Cuartas Mosquera, Hernán

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