Maestría en Derecho

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El papel de los medios de comunicación en las decisiones judiciales penales y sus límites.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Barrios Medina, Jorge Alexander; Rojas Arenas, Herney
La verdad en la verdad de la justicia transicional y la ley 1424 de 2010.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Calderón Restrepo, Leidy Yovanna; González Berón, Andrés Felipe; Guerrero Moreno, Alvaro Alfonso
Que es la verdad? Es un concepto complejo, cuyo significado ha variado a traves de la historia. En el diccionario de la Lengua Española se define verdad, como “Calidad de lo que es cierto. Conformidad de lo que se dice con lo que existe. Cosa cierta. Hecho cierto”. (Diccionario Larousse ilustrado, p. 1058 , 1990). Desde el punto de vista jurídico, la verdad se vincula a la verdad material, sustancial o verdad juridical objetiva, que algunos autores denominan “verdad verdadera”, (Carnelutti, 2012 P. 21) que correspondería a la forma exacta de cómo sucedió un hecho histórico. Esta verdad jurídica, se vuelve relativa, al ser un proceso de reconstrucción de sucesos históricos, lo cual dificulta la reconstrucción exacta de los hechos..Despúes de conflictos armados o régimenes represivos, las sociedades y los individuos tienen derecho a la verdad, es decir a conocer en qué circunstancias se desarrollaron las graves violaciones de sus derechos y quién la cometió. La verdad, corresponde a uno de los tres pilares fundamentales de la justicia transicional, esencial para hacer justicia y plantear propuestas de reparación. La presente tesis denominada, “La verdad en la verdad de la justicia transicional de la Ley 1424 del 2010”, tiene como propósito ahondar en el significado del concepto de verdad a través de la historia, su desarrollo en el campo del pensamiento y cómo el concepto se aplica, en la justicia transicional colombiana y en la ley 1424 del 2010.El texto está compuesto en cuatro capítulos distribuidos así: En el primer capítulo, se aborda como era concebida la verdad en las diferentes sociedades de la antigüedad y como los aspectos mítico-religiosos, influían en ella. En el segundo capítulo, grandes filósofos, realizan un análisis de la verdad, desde diferentes perspectivas como las del mundo helénico, la época medieval y la modernidad, donde la verdad como ideal, es un valor que tiende a lo absoluto. El capítulo tercero lo constituye el análisis en sí de la verdad, dentro del marco de la justicia transicional. ¿Cuál es el significado de verdad en la justicia transicional? ¿Cúal fue el concepto que se estableció en un primer momento como verdad, en la justicia transicional en Colombia ? El capítulo cuarto hace referencia a la coyuntura que posiblemente origina los móviles de la aparición de la Ley 1424 del 2010, así como también a los sucesos más relevantes que ponen en duda el criterio de verdad de cara a la luz de la Justicia Transicional.
El contrato de prestación de servicios como elemento jurídico en efecto disciplinario desde el ámbito del derecho administrativo. Especial referencia al principio de la primacía de la realidad.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Córdoba Arturo, Juan Carlos; Buitrago Escobar, Adriana María
Efectos socio jurídicos del acto legislativo 01 de 2005 para los trabajadores que desempeñan la minería subterránea.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Caicedo Granja, Hamlet Yecid; Arenas Rojas, Herney
El trabajo pretende establecer la importancia de mantener el principio de progresividad de los derechos sociales fundamentales reconocidos en la constitución política de Colombia de 1991, analiza el progreso de la jurisprudencia constitucional en el reconocimiento de derechos fundamentales sociales, advierte el posible quebrantamiento de la estructura del Estado social de Derecho si se establece el principio de supremacía de la sostenibilidad fiscal como criterio orientador para el reconocimiento de los derechos sociales fundamentales. Se advierte a los operadores jurídicos, que en materia de derechos fundamentales sociales, opera el principio de progresividad, lo que implica una limitación por parte de la constitución al legislador para configurar normas que supriman o debiliten el alcance de los derechos fundamentales dispuesto en la constitución y acentuados tradicionalmente en la jurisprudencia constitucional. La investigación es el resultado del análisis de principios en que se cimenta la constitución política de Colombia, relacionada con la fórmula del Estado Social de derechos que acogió la asamblea Nacional Constituyente de 1991 para dar a los operadores judiciales una idea del proceso de ponderación de los principios esenciales del estado social de derecho para una posible aplicación de la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar apartes del acto legislativo 01 de 2005. Con el desarrollo de este trabajo se pretende realizar un análisis detallado de las condiciones sociales y jurídicas a las cuales fueron avocados los trabajadores que laboran en las minas subterráneas del municipio de Santiago de Cali, por la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005.
"Análisis de los defectos Sociojurídicos que se generan de la no aplicación de la sentencia T494 de 1992 de la Corte Constitucional por parte de los juzgados civiles del circuito de Cali, entre los años 2008 a 2013"
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Ramírez Betancourth, Lucy Esperanza; Gonzalez Muñoz, Viviana Marcela
Las consultas con comunidades indígenas en los planes de desarrollo en Colombia a partir de la constitución de 1991. Análisis de su constitucionalidad, legalidad y convivencia.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Salazar Grajales, Humberto; Girón Bermúdez, Jhon Jairo
Posturas de la corte constitucional al entorno a la calidad de persona del nasciturus en contraste con las teorías más representativas de la genética y bioética.
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Posso Mendoza, Olga Lucia; Jaramillo Rojas, Carlos Alberto
The developed research process is geared to the legal debate on the unborn child, so that in that sense proceeded to abocar closely, the current positions of the contrasting Constitutional Court theories corresponding to the exponents and the most representative theories Genetics and Bioethics act as support the recognition of the personhood of the unborn child. In order to cover this object of knowledge, the positions mentioned by the Constitutional Court were studied from the jurisprudential line, also focusing on the genetic and bioethical theories of three distinguished scientists: Jerome Lejeune, Angelo Serra and Jean Rostand. Argumentative crossing in either direction indicate the existence of an abysmal polarity between both scenaries, being then absolutely necessary to confront under the dialogue of legal scientificity and biological and genetic scientificity.
El crimen de agresión en el derecho internacional público
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Mondragón Henao, Jaime Alberto; Cruz Buitrago, Jorge Armando
La presente investigación se desarrolla en cuatro capítulos y un acápite adicional de conclusiones. En el primer capítulo, observaremos cómo el surgimiento del Derecho Internacional Público, concretamente, el Derecho Internacional Humanitario, tiene su origen en las llamadas Guerras de Religiones (1524-1697) que sacudieron el Continente europeo desde el Siglo XVI hasta el Siglo XVII. En este marco histórico trataremos de demostrar la importancia del pensamiento del holandés Hugo Grocio, que consagró en su obra magistral, Del Derecho de la Guerra y de la Paz, escrita en 1625, las bases de las normas que posteriormente servirían para regular las guerras que desangraron el Continente Europeo. De igual manera, este tratado estableció los cimientos principales para que los investigadores posteriores como Samuel Freiherr Von Pufendorf, Emerich de Vattel y Georg Friedrich Von Martens, continuaran el desarrollo teórico de las leyes de la guerra. Por otro lado, resulta pertinente resaltar el cambio de paradigma enmarcado en una visión fuertemente racional del Derecho Natural secular. De igual modo, analizaremos cómo los más célebres iusnaturalistas del siglo XVII en adelante, al retomar los pensamientos y las teorías de Hugo Grocio, paulatinamente originaron los esquemas principales y principios fundamentales que en la posteridad, permitirían que el Derecho Internacional Humanitario sentara sus bases y, en consecuencia, se pudiera positivizar. Un ejemplo histórico que será analizado en estas páginas, se enmarca en los tratados multilaterales firmados en las regiones de Münster y Osnabrück, conocidos como la Paz de Westfalia (1648). Los tratados de Westfalia que pusieron fin a las guerras de religiones, conformaran un importante avance en la elaboración de las normas consuetudinarias, los principios y las reglas del Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, tomaremos como referencia, el llamado Derecho de la Guerra de la Haya de 1899, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977.
"Implementacion del programa hogar gestor como política pública en niños y niñas con discapacidad dentro de los procesos de restablecimiento de derechos llevado a cabo en la defensoría de familia del ICBF del centro zonal centro de la Ciudad de Cali"
(Universidad Santiago de Cali, 2016) Perdomo Chamorro, Maricel; Rojas Arenas, Herney
Es poca o nula la literatura existente sobre estudios locales que aborden la problemática en cuanto a la implementación de políticas públicas a programas específicos para los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) con discapacidad, caso concreto, programa Hogar Gestor, en cabeza del Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); no obstante, hay diversidad de concepciones globales sobre la estructura de las políticas públicas. Es el caso de BRESSER PEREIRA, LUIS CARLOS, WAYNE PARSONS, SABATIER PAUL, SHIVELY, SALAZAR VARGAS CARLOS, VEDUNG, EVERT, entre otros. Igualmente se encuentran aportes conceptuales y normativos sobre el programa Hogar Gestor y el papel que desarrolla el Defensor de Familia del ICBF, como se especificara más adelante. Sin embargo, todos los estudios encontrados (en los diferentes ámbitos internacional, latinoamericano y nacional), enfatizan sobre la estructura de las políticas públicas en forma conceptual, siendo Vedung, Evert el que más se aproxima a la forma de evaluar los programas de políticas públicas en España1. No obstante, estos antecedentes no determinan el efecto de implementar como política pública, un programa institucional, como el caso que nos ocupa en esta investigación, es decir, el programa Hogar Gestor como política pública en NNA con discapacidad dentro de los procesos de restablecimiento de derechos llevado a cabo en la defensoría de familia del ICBF del centro zonal centro de la ciudad de Cali, por esta razón, es menester plantear problemáticas de este tipo, especialmente a nivel local. Por lo anterior, el tema cobra importancia debido a que la mirada de los organismos internacionales cada vez se hace más puntual en cuanto a los derechos humanos en relación con la población más vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad. Es importante tener una visión amplia de la importancia de las políticas públicas de Infancia y adolescencia en condiciones de discapacidad en Colombia, y comprender el rol de las Defensorías de Familia en la implementación de dichas políticas públicas en el mundo jurídico contemporáneo; al igual que su ámbito laboral dentro del proceso de restablecimiento de derechos como entidades administrativas y el impacto laboral con miras a realizar un efectivo restablecimiento de los derechos de los NNA implementado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La ley 1424 de 2010 como garantía del derecho a la verdad, en la justicia restaurativa a las victimas del conflicto armado en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Foronda Cano, Luis Horacio; García Ramírez, Maira Alejandra
This article identifies everything concerning law 1424 of 2010, as a guarantee of the right to the truth, i.e. the primary purpose of the fundamental right of access to the administration of justice must consist in satisfying the right to the truth of the people Who have been victims of criminal actions. Law 1424 of 2010 is the legal framework of transitional justice ideal for the shallow bases of irregular organizations, so that they can compensate their guilt and can enter the society claiming the right to the truth, in the restorative justice, seeking to contribute To guarantee the human rights of victims of the armed conflict in Colombia.
La inexistencia e ineficacia de pleno derecho a los negocios jurídicos obligatorios en el derecho civil Colombiano
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Rey Salazar, Pedro José; Castaño Rodríguez, Germán de Jesús
El conocimiento del mundo occidental, influido por el pensamiento cristiano, ha concebido la sanción jurídica como el efecto para quien, actuando libremente, ha causado en 1 forma imprudente, negligente, culposa y dolosa un daño para la moral, la religión, la sociedad o las personas. Desde luego, el derecho es parte integrante de este predominio que se materializa a partir de las codificaciones, como la francesa, que cubre a todo el derecho latinoamericano, y entre ellas al derecho colombiano. Como el Código Civil colombiano enerva estos defectos en las sanciones de nulidad absoluta y nulidad relativa se debe analizar si las sanciones de inexistencia, e ineficacia de pleno derecho a los negocios jurídicos obligatorios están subsumidas, reconocidas y reguladas correctamente en el derecho civil colombiano y cuál es la interpretación que efectúan la doctrina y las altas cortes. Las principales preguntas que se formulan en el ambiente jurídico colombiano cuando se aborda el estudio de estos medios defensivos de la ley son: ¿Qué es la inexistencia?, ¿qué es la ineficacia ipso iure?, ¿cuáles son sus consecuencias?, ¿cuál es el origen de estos medios de defensa de la ley?, ¿son medios de defensa exclusivos del derecho comercial colombiano? El negocio jurídico obligatorio es fuente del derecho, generado por los sujetos de las relaciones jurídicas y se encuentra ubicado en el último escalón de la escala de nuestro sistema jurídico, lo que significa que está subordinado a la ley, porque es en esta donde encontramos su existencia y eficacia; la conducta de las personas en este accionar está limitada por la ley, sin que se puedan violar o derogar sus preceptivas; no obstante, las personas por el poder que les otorga su autonomía negocial pueden crear elementos accidentales, reemplazar normas supletorias, pero respetando imperativamente los elementos esenciales y de validez que construyen el negocio jurídico obligatorio, sin olvidar que el poder que emana de la autonomía privada negocial es limitado por normas de orden público, de orden privado por la moral y las buenas costumbres.
La educación en derechos humanos en Colombia como garantía de no repetición derivada de las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Guerrero Sánchez, Juan Javier; Cruz Buitrago, Jorge Armando
La Educación en Derechos Humanos, como garantía de no repetición al Estado Colombiano, en las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la vulneración de los derechos humanos, en las que se establece su responsabilidad internacional por la producción de un daño, es un mecanismo que busca, no solo la reparación y el resarcimiento de perjuicios, sino que va más allá, al constituir una obligación que pretende la seguridad y garantía de la no repetición de la conducta ilícita, que son los hechos que dan lugar las condenas y se erige en otros casos, como herramienta de satisfacción y dignificación en favor de las víctimas. Por otra parte la responsabilidad internacional del Estado, por la vulneración de los derechos humanos, es producto de una secuencia de hechos ocurridos en el territorio nacional, durante las últimas décadas, derivada de la degradación de las dinámicas del conflicto armado de carácter no internacional, a excepción del caso Duque, por parte de los actores armados legales e ilegales, lo cual ha dado lugar a la imposición de 17 sentencias de condena, las cuales son motivo del presente trabajo, que se presenta en tres capítulos: en primer lugar para subrayar cuál es la relevancia de la educación en derechos humanos y su inclusión como medida de reparación en las sentencias mencionadas, en desarrollo del cual, se hace una presentación de los artículos que dan respaldo constitucional a la educación en derechos humanos, revisar los principales programas en esta materia, que son políticas públicas en Colombia, como son el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, PLANEDH, el Programa de Educación en Derechos Humanos EDUDERECHOS, los cuales surgen a partir del año 2010 y la Política Integral de Derechos Humanos 2014-2034, de este punto se pasa a presentar a los autores Figueroa y Rey, para entender el fundamento de las medidas de reparación en las sentencias de condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pasar a los autores que expresan la importancia de la Educación en Derechos Humanos y su inclusión como garantía de no repetición, para cerrar este capítulo con el respaldo de la educación en derechos humanos como medida de no repetición, por medio de una resolución de las Naciones Unidas. En el segundo capítulo se hace el análisis de las diez y siete sentencias de condena impuestas al Estado Colombiano, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen la responsabilidad internacional, para establecer en cuales, y desde cuando se impone la tarea de educación en derechos humanos como garantía de no repetición y en el tercer capítulo se analiza los contenidos y argumentos en las sentencias que imponen la obligación en educación en derechos humanos al Estado Colombiano.
Tratamiento penitenciario etnicamente diferenciado para los miembros de las comunidades indígenas
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Gómez Reina, Siervo de Jesús; Hoyos Hernández, Elbar Eli
En Latinoamérica, la necesidad de un reconocimiento legal a las diferentes culturas presentes en la realidad social obligó en el escenario político a la introducción paulatina de los derechos de éstas en las diferentes reformas constitucionales. De esta forma, la Asamblea Constituyente de 1991 incorporó en el artículo 7º de la actual Constitución Política de Colombia el reconocimiento y la protección a la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana, como una solución al dilema multicultural presente en nuestro país, reconociendo las minorías étnicas, entre ellas, las comunidades ancestrales indígenas que, como individuos que pertenecen a unas colectividades culturales, se constituyen en colectivos de derechos. Por su parte, en virtud del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia se dota a las comunidades indígenas, como poseedores de unas normas y procedimientos propios, de la capacidad de aplicarlos y ejecutarlos por parte de su autoridad tradicional, dentro de su territorio y con cierta autonomía, que la Constitución y la ley dispusiesen.
Factores socioecónomicos que llevan a no garantizar la prestación de servicio eficiente de energía eléctrica en su tránsito de una prestación pública a una privada y su incidencia en el posconflicto colombiano. Análisis del caso de la compañía energética de occidente (CEO)
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Vargas Varón, Gloria Elizabeth; Restrepo Rodríguez, Diana María
Estructura y desarrollo del constitucionalismo Colombiano a partir de las concepciones del liberalismo político
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Moreno, Ferney; Perea Bonilla, Hernel Jhuleicer
In this investigation a brief review is made of the development of the most significant liberal constitutionalism of the three great Western icons as they are; England, the United States and France, it is a matter of making clear the great influence of these states in the construction of liberal constitutionalism in Latin America and more specifically in Colombia. Within the Colombian State, each of the constitutions is analyzed and the power relations that are expressed in them are made clear
Análisis de la priorización en relación con el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
(2017) Delgado Arboleda, Sory Miryed; Muñoz Pelaez, Clara Ines; Restrepo Rodríguez, Diana María
This article offers a space for reflection aimed at Operators of the Accusatory System about the implementation of a new technique for the management of criminal investigation in our country, called prioritization. That not only has been applied in the jurisdiction of Justice and Peace, but today its criteria are part of the Ordinary Criminal Justice as an instrument of Criminal Policy; in such a way that has been left aside, at the initiative of the Attorney General's Office, the model of individual criminal investigation and maximalist character in which we were trained and had been exercising, to move to an investigation of context analysis where situations and cases are prioritized; being called from now on to be part of its construction and ultimately, to know its basic contents and incidents, as the normative instruments for its development, thus adjusting the role and procedural activities according to the interests of those we represent in the process penal. But at the same time, it invites us to question whether this special model of investigative management respects the fundamental right of access to the administration of justice
El daño a la salud, en la jurisprudencia del consejo de estado, frente al principio de reparación integral
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Ocampo López, Alejandro; Cano Sterling, Andrés Felipe
La actividad jurisdiccional del Estado implica, además del ejercicio de propender por la prestación de justicia, más que simple derecho, una constante evolución de criterios, teorías y conceptos representados en la emisión de frecuentes decisiones. Ello, sin duda, en la práctica del derecho se presenta con la participación de los jueces, la procuraduría (en algunos eventos), las partes procesales y los abogados, siempre motivado por unos hechos con características disimiles en cada caso particular que llevan a pronunciamientos judiciales que edifican el arquetipo de justicia que se erige, en términos generales, en la vida jurídica de nuestro País. En ese escenario de la generación de decisiones, se precisa el estudio en una de aquellas de las que han surgido del Consejo de Estado, como órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para adentrarnos a revisar, reprochar y proponer cambios al trasfondo de la sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), expediente 0512331000200700139 01, radicación interna 38.222, en la que actuó como Consejero ponente el Doctor Enrique Gil Botero, y respecto de la cual no se comparte lo expuesto en ella en tanto afrenta derechos y principios de inmaculada protección en un Estado de Derecho (que se dice social) que debe dirigir sus actuaciones hacia la mayor garantía de ellos para satisfacción de las necesidades, más aun cuando ellos se originan en daños generados por el Estado. No es que se pretenda hacer una propuesta que conlleve a pedir cualquier tipo de daño de manera indiscriminada o que no deba corresponder a la realidad de lo perpetrado, pero sí se dirige a controvertir la postura del alto tribunal de lo contencioso administrativo para que adopten (o si se quiere, se retorne) criterios indemnizatorios realmente ajustados a las realidades de los aconteceres y la teoría de daños, que no busquen enriquecer injustamente, pero tampoco desconocer la justa retribución, en armonía con un respeto a la reparación integral del daño.
La recategorización de la propiedad agraria en el derecho constitucional colombiano, como estrategia viabilizadora de una reforma agraria en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Rengifo Muñoz, Carlos Federico; Hernández Mahecha, Héctor Hernando
La historia colombiana en general, se puede caracterizar como un ejemplo claro de lo que se entiende por “caos”, no solo por lo que se vive a diario en su realidad socio-histórica actual, sino también, por lo acontecido desde que ésta se configuró como un estado-nación independiente. Este planteamiento no tiene la pretensión de hacer apología banal y chovinista a lo singular que es la historia colombiana, más bien, lo que busca es poner en evidencia la forma como dicha historia ha sido capaz de explicar las causas que dan origen a los problemas estructurales de su presente. Ante esto, la sociedad colombiana, pero en especial, su clase dominante, no ha sido consecuente con su contexto socio-histórico actual debido a que no ha permitido el desarrollo de las condiciones materiales e inmateriales necesarias que posibiliten el inicio de un proceso de transformación estructural con el fin de solucionar tales problemas. Es así como se observa que Colombia en pleno siglo XXI no ha podido socialmente, ni políticamente, ni económicamente, ni jurídicamente, lograr una política macro frente al tema “agrario”, cuestión que ha sido una fuente constante de conflictos sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales. Sin embargo, dentro del tema agrario hay uno en particular que se destaca por haber sido uno de los que más conflicto ha generado a lo largo de la historia colombiana pues se trata de la entrega directa de tierra por parte del Estado a la clase campesina. Dicha necesidad y reclamación social se expresa en un proceso de distribución de tierras que realiza los Estados en favor de los campesinos, y al cual se le denomina como “Reforma Agraria”. Esta reforma se la puede describir como una política institucional dada en los gobiernos en ejercicio, o, en los estados, y está definida por la distribución de la tierra entre el campesinado, basándose en unas medidas políticas,económicas, sociales y legislativas que tienen el propósito de modificar la estructura de la propiedad, así como, la capacidad productiva de la tierra.
Idoneidad del plebiscito como mecanismos de participación ciudadana para la legitimización democrática del acuerdo de paz de la Habana
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Ibarra Ordoñez, Solemy; Tarapues Sandino, Diego Fernando
En Colombia existen diversos mecanismos de participación como el referendo, la consulta popular y el plebiscito. De tal manera, con ocasión de la firma del acuerdo de paz el pasado 26 de septiembre de 2016 se convocó a un plebiscito para la paz para el día 02 de octubre de 2016. En él se les preguntó a los ciudadanos si apoyaban el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. No obstante, las campañas implementadas por la oposición y la decisión de los ciudadanos generaron un clima de incertidumbre que llevaron a cuestionar si el mecanismo más idóneo para ratificar los acuerdos de paz era el plebiscito.
La reparación integral conforme al código de procedimiento penal, ley 906 de 2004
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Hernández Mahecha, Héctor Hernando; Murillo Granados, Adolfo

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