Especialización en Derecho Administrativo

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Manifestaciones del conflicto social y sus formas de resolución: Una mirada desde la teoría sociológica y su relación con los mecanismos
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Camacho Rico, María Doris; Guerrero, Alvaro Alfonso
A lo largo de la historia, la sociedad ha experimentado de manera permanente situaciones y confrontaciones de intereses que han dado origen a diversos conflictos, considerados, desde la teoría sociológica, como una situación inherente al ser humano y motor de cambio social. Como una alternativa para su resolución, el Estado colombiano ha implementado los mecanismos alternativos de solución de controversias, considerados como una forma de justicia complementaria de la estatal, cuya implementación persigue dos importantes finalidades: la participación de la sociedad en la solución de sus conflictos y la descongestión del aparato jurisdiccional. Dichas herramientas jurídicas han sido concebidas como una forma de acabar con la judicialización del conflicto y en consecuencia restaurar los tejidos sociales, ello se logra cuando las partes involucradas, de manera voluntaria deciden poner fin a su controversia haciendo uso de su autonomía privada logrando así el restablecimiento de las relaciones que se han deteriorado y la consolidación de relaciones futuras entre los miembros de la sociedad. De allí la importancia de conocer el contexto en el que surge la justicia informal y cuáles son los mecanismos alternativos con los que cuenta el país, así como el fundamento constitucional y legal que los soportan. En este orden de ideas en el presente capítulo se destaca la existencia de unos mecanismos alternativos a la justicia estatal a los cuales se puede acudir para solucionar los conflictos que surgen entre actores individuales y colectivos, se estudia la normatividad vigente que los sustenta y el fundamento constitucional de los mismos como una forma de aportar a la construcción académica y social.
Enfoque del Derecho Administrativo en el monopolio rentistico de licores en el Departamento del Valle del Cauca
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Castro Perez, Jesús Felipe; Onofre Venegas, Jeison Eduardo; Moreno Viafara, Ferney
Actualmente, el Departamento del Valle de Cauca cuenta con la Industria de Licores del Valle (ILV), una empresa Industrial y Comercial que mantiene el monopolio de licores en el Departamento con unas ventas concentradas en un 96% en su área de influencia. Esta industria, establecida desde 1921, tiene una operación que genera importantes recursos para la inversión en el Departamento; permitiendo así atender aspectos sociales en salud, educación, deportes, autores vallecaucanos y funcionamiento del Departamento; como también, la financiación de actividades feriales, culturales y comunitarias programadas por parte de la alcaldías municipales de los 42 municipios, que hacen parte de la Gestión Comercial del mismo. (Industria de Licores del valle. Tomado de: http://www.ilvalle.com.co) En relación a lo anterior, se denota el objeto del monopolio como arbitrio rentístico sobre los licores destilados como lo es el de obtener recursos para los departamentos, con una finalidad social asociada a la financiación preferente de los servicios de educación y salud y el de garantizar la protección de la salud pública. Siendo el monopolio rentístico de licores destilados quien versará sobre la producción e introducción de los mismos, y cada departamento ejercerá el monopolio para su distribución y comercialización. Se entiende entonces, como monopolio rentístico de licores, a la facultad exclusiva que tiene el Estado para explotar directamente o a través de terceros la producción e introducción de estos y para organizar, regular, fiscalizar y vigilar la producción e introducción de licores destilados en los términos de la ley, cumpliendo con la finalidad de interés público y social que establece la Constitución Política. (ART. 2°. Ley 1816 del 19 de diciembre de 2016).
El contrato realidad: La realidad actual más perceptible del sector público
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Solarte Ferrer, Juan Manuel; Cifuentes Rivera, Juan Carlos; Arango Zambrano, Manuel Francisco
El flagelo de la corrupción en Colombia historia, causas y consecuencias
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Paz Caicedo, Jaime Alberto; González Muñoz, Viviana Marcela
La corrupción es un síntoma de gran deterioro social existente en el país, mientras no se den medidas para este problema de fondo, todas las luchas contra la corrupción representaran tiempo y esfuerzos perdidos. El presente ensayo está encaminado a exponer brevemente sobre el panorama de la corrupción en la Administración pública en Colombia, siendo esta práctica deshonesta uno de los más grandes problemas de la sociedad que representa un enorme obstáculo para su desarrollo económico que afecta a muchos países del mundo. Según el Estatuto Anticorrupción o la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. El contenido del trabajo inicia con la parte conceptual del tema a tratar, posteriormente se hace un recorrido histórico sobre la corrupción en Colombia describiendo las causas que dan lugar a este fenómeno, continuando con las consecuencias; es decir los efectos de la corrupción en la economía y el crecimiento económico del país. Por último, se expondrán las acciones normativas que el estado colombiano ha implementado para tratar de combatir este flagelo y a la vez, prevenir casos de corrupción, buscando fortalece la credibilidad de las instituciones.
La responsabilidad extracontractual por falla en la señalización, semaforización y mantenimiento de las vias públicas en Santiago de Cali
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Caicedo Valencia, María Cruz; Palacios Hinestroza, Erika; Gonzalez Muñoz, Viviana Marcela
Este ensayo trata de mostrar la situación de los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado en accidentes de tránsito, en Colombia es una realidad que no se puede desconocer, por ende el presente proyecto tiene como objetivo general identificar, cuál es la causa por la cual la responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano de manera repetida se ve enredada, perturbando los recursos de la administración, y a su vez la integridad de las personas, por lo anterior, se hace ineludible formular soluciones para aminorar la ocurrencia de los mencionados accidentes, diseñando y planificando salidas concretas orientadas a la prevención y solución del problema planteado, en el territorio nacional.
Influencia reparatoria del daño a la salud en la jurisprudencia Colombiana y sus retos frente a las nuevas tecnologías sobre la vida humana
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Bastidas Oviedo, Yuliana Alejandra; González, Viviana Marcela
Aunque el máximo órgano constitucional previamente había mencionado el carácter fundamental del derecho a la salud protegiéndolo por tres vías: estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana; reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, y afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna “sentencia T-760 de 2.008”. (Corte constitucional, 2008) Solo a inicios del año 2015, la salud deja de ser un derecho dependiente de otros, para constituirse, con la Ley estatutaria de salud-Ley 1751 de 2015-, en un derecho autónomo susceptible de ser invocado como derecho fundamental por vía del amparo constitucional.
La responsabilidad patrimonial del Estado y la acción de repetición contra los magistrados de las altas cortes en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Vásquez Gutiérrez, Helem Tatiana; Obregón Cuero, Sandra Patricia; Nuñez Montes, José Eduardo
La norma constitucional contenida en el artículo 90 de la Constitución de 1991, exige como presupuesto necesario para la existencia de la responsabilidad patrimonial a cargo del Estado que la acción u omisión de las autoridades públicas ocasione un daño antijurídico, con lo cual queda fuera de duda que no es cualquier daño el que acarrea dicha responsabilidad sino única y exclusivamente el que no se está obligado a soportar. La acción de repetición es el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado.
Protección a los derechos fundamentales sobre la persona jurídica de derecho público
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Lopez Muñoz, Ana lucia; Hoyos Hernandez, Eibar Elí
El tema central del presente ensayo versa sobre la acción de tutela y su relación con la protección en la personalidad jurídica de derecho público. El estado como sujeto de derechos exige exponer la teoría de la personalidad del estado, de la doble personalidad del estado y de la personalidad única del estado. El texto también trata sobre los derechos fundamentales en las personas jurídicas, en especial sobre las personas jurídicas de derecho público. En el estudio sobre este tema surge la pregunta: ¿El estado como sujeto de derechos está facultado para interponer acción de tutela? ¿qué sucede si hipotéticamente se le violan los derechos a una persona jurídica que compone el estado?¿quiénes son titulares de derechos fundamentales?, ¿las personas jurídicas gozan de esa titularidad?, y en el caso puntual de nuestro estudio: ¿una persona jurídica de derecho público posee derechos fundamentales?, es importante el estudio de este tema, porque esclarece el tratamiento sobre los conceptos que se han desarrollado en la doctrina y la jurisprudencia, concluyendo si es justificable la presentación de una demanda de acción de tutela por parte del estado.
Análisis constitucional sobre la atención del indígena afectado en su equilibrio y armonía e infringe la ley comunitaria en la comunidad NASA del Norte de Cauca
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Sánchez Tobar, Elvia Patricia; Toro Hernández, Laura Inés
Desde comienzos de nuestra historia, con la colonización, cuando la Iglesia Católica convenció teológicamente a la Corona Española sobre el valor humano de los indígenas demostrando su valor como persona, se han dictado normas protectoras de los procesos indígenas, normas en las que se basa la jurisdicción indígena para la protección de sus propios procesos. Los indígenas quedaron al margen de la "legislación general" de la República, bajo la tutela de las misiones católicas, y fueron considerados como "menores de edad" en lo que atañe al régimen civil y penal de la Nación (ley 89 de 1890); por medio de muchas luchas poco a poco desaparece dicha concepción, no solo a nivel local sino también a nivel nacional e internacional. Hoy la reclamación indígena tiene sus orígenes en diversos procesos históricos y sociales, cuyos cambios principales consistieron en terminar con la vaga concepción del indígena como salvaje e incapaz mental, aunque la ley mantenga una percepción negativa de los pueblos indígenas --como "semicivilizados" o salvajes". Así mismo se consolida el manejo indirecto de los pueblos indígenas --al estilo colonial-- mediante el reconocimiento de sus cabildos y de sus tierras en forma colectiva, mientras que se procedía a su disolución definitiva. En este sentido la Constitución de 1991 fue el aporte jurídico-politico a una problemática cultural donde se reconoció y se exaltó la diversidad étnica de las naciones, porque contribuyó a que se abrieran nuevos espacios para las comunidades indígenas en el territorio colombiano.
Código disciplinario único ley 734 de 2002 y sus efectos en los procesos disciplinarios de la policía nacional, ley 1015 de 2006
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Arce Ibarguen, Ruth Encarnación; Gonzalez Possu, Gustavo Adolfo; Hoyos Hernández, Eibar Eli
El marco normativo de la acción disciplinaria para servidores públicos, es la ley 734 de 2002, (Código Disciplinario Único) y la ley 1015 de 2006, (Régimen Disciplinario para la Policía Nacional), es el tema del presente artículo. Como metodología se emplea el método de investigación deductivo, toda vez, que es un método de racionamiento que consiste en realizar conclusiones generales para explicaciones particulares. Se pretende que sea también un documento descriptivo, para conocer acerca de la importancia y los efectos de la ley 734 de 2002 sobre los procesos disciplinarios en la policía nacional, considerando si el procedimiento disciplinario que la Policía Nacional aplica, se caracteriza o nó, por el garantismo propio de un Estado Social de Derecho o, si estos procesos disciplinarios están regulados por la ley 1015 de 2006, sin dependencia o no, de la ley 734/02. Se inicia con una breve reseña sobre Antecedentes del derecho disciplinario en Colombia, la ley 734 de 2002 y la ley 1015 de 2006 Se hace énfasis en el régimen disciplinario para la Policía Nacional de Colombia, dada la trascendencia de la función social que cumplen los policías, quienes incurren fácilmente en excesos de autoridad, lo cual conlleva a que se quebrante su régimen disciplinario especial. Se logra establecer que, a los miembros adscritos a la Policía Nacional, además de aplicárseles la Ley 1015 de 2006 y la Ley 734 de 2002, se le garantiza el debido proceso y el derecho a la dignidad humana. La acción disciplinaria policial debe aplicarse en un marco garantista de los derechos fundamentales del investigado, y al mismo tiempo, ser un ejemplo normativo y procedimental que sirva de modelo para todos los servidores públicos. Aplicar un régimen disciplinario policial de corte garantista beneficiaria al instructor, a la institución policial, a la comunidad en general, y al imputado toda vez que se contaría con procedimiento verdaderamente eficaz en el esclarecimiento de los cargos y las responsabilidades y sobre todo, inmerso en el espíritu del Estado Social de Derecho colombiano.
Aplicación de la ilicitud sustancial en los casos de contravenciones de transito donde se ven implicados agentes policiales fuera de servicio
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Giraldo Rivas, Monica Marcela; Guerrero Cifuentes, Luis Fernando; Francisco Arango, Manuel
La ilicitud sustancial es un elemento propio del Derecho Disciplinario y tiene una connotación muy importante que es la que la hace diferente de las demás responsabilidades, toda vez que emerge del vínculo que existe entre estado y el servidor público. Por lo cual, ha de concluirse que el derecho disciplinario en general tiene como fin o función encauzar o dirigir la conducta de sus destinatarios específicos, vinculados por las relaciones especiales de sujeción que existen entre la administración y funcionario, dentro de un marco de parámetros éticos que aseguren la función social que cumplen dentro de un Estado social de Derecho. Así las cosas, con el presente trabajo se pretende analizar la aplicabilidad que se le está dando a la ilicitud sustancial contemplada en el Artículo 5 de la Ley 734 de 2002, (Régimen Disciplinario de Los Servidores Públicos), cuando miembros de la Policía Nacional, estando fuera de servicio incurren en contravenciones de tránsito. La necesidad de estudiar este tema, surge del trato que se le ha venido dando a las infracciones cometidas por agentes de policía en descanso, que en la actualidad se ha considerado como causal de sanción disciplinaria, desconociendo que el funcionario que se encuentra en horas de descanso; en su tiempo libre; al incurrir en una infracción de tránsito, donde no se vea afectado el servicio policial, ni se quebrante el buen funcionamiento de la estructura del estado, no debería ser sancionado disciplinariamente, partiendo de la base que no se afectó el deber funcional, pero vale advertir que esto no lo exime de acarrear con las demás responsabilidades que se le imponen a cualquier particular, inmerso en una condición de sujeción general.
El Principio de transparencia en la contratación estatal en Colombia a partir de la Ley 80 de 1993
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Montes Loaiza, Samir Alejandro; Perea Bonilla, Hernel
La contratación estatal se define como el conjunto de normas y procesos que permiten a las entidades del estado abastecerse de servicios que a su vez le permita satisfacer las necesidades que por su cuenta no pueda ejercer. A su vez en Colombia, está regulada a partir del Estatuto General de la Contratación Estatal o Ley 80 de 1993, que tiene como objetivo proporcionar las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales, por otra parte, bajo el principio de transparencia se asegura que la contratación adelantada por las entidades estatales se realicen mediante procesos de selección públicos, cuyas reglas sean objetivas, claras, justas y completas, que permitan a los proponentes entregar propuestas idóneas y así como presentar objeciones, observaciones, preguntas y/o aclaraciones a los documentos adoptados por la entidad. (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2013) El presente documento busca hacer una recopilación y análisis de la Ley 80 de 1993 y su adopción actual junto con el principio de transparencia como valor esencial de la democracia y la claridad en las libres asociaciones del estado con los servidores públicos.
La prueba de alcoholemia: Proporcionalidad de la sanción y debido proceso
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Losada Ángel, Álvaro Hernán; Moreno Viáfara, Ferney
La conciliación en la acción de reparación directa
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Casanova Reynolds, Linda; Parra Mejía, Myrna; Hoyos Hernández, Eibar Eli
El ensayo de la conciliación en la reparación directa contemplada en los términos de artículo 90 de la Constitución Política, determina que toda persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico, producido por la acción u omisión de los agentes del estado. La conciliación, en términos generales, es un mecanismo alternativo y voluntario de solución de conflictos mediante el cual “un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, acuerdan componerla con la intervención de un tercero neutral – conciliador- quien, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión a la que se llegue e imparte su aprobación, siendo el acuerdo final obligatorio y definitivo para las partes que concilian”. Sin embargo, es preciso aclarar que en materia contencioso administrativa el funcionario que funge como conciliador, esto es, el respectivo procurador judicial administrativo, no es quien imparte la aprobación del acuerdo conciliatorio, ya que dicha facultad está reservada a un juez administrativo, toda vez que están de por medio recursos del erario. En suma, la conciliación busca que los particulares resuelvan sus conflictos de manera pacífica por fuera de los estrados judiciales, involucrando a la comunidad en la solución de sus controversias a través de un instrumento ágil, efectivo y económico.
La importancia de la argumentación como elemento de fundamentación jurídica en el quehacer del derecho administrativo
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Martínez Calero, Juan David; Perea Bonilla, Hernel Jhuliecer
La argumentación jurídica constituye un factor de peso en el desempeño de las evidencias racionales que sustentan toda verdad dentro del derecho administrativo. Y es que el ejercicio argumentativo es una tarea inherente a la profesión del derecho, ya que no existe tarea alguna que se desempeñe dentro de derecho, la cual no tenga que ser sustentada y argumentada dentro de los marcos legales y constitucionales que la delimitan. Es por ello que argumentar establece una conexión entre la verdad, la norma jurídica, y las personas, bien sea la parte contraria o la representada. Naturalmente dentro del contexto de lo administrativo, puesto que en su procedimiento no tiene parte contraria, se debe dar a la tarea de convencer a la autoridad que el acto de contrariedad afecta ilegalmente los intereses de su representado, y en todos estos aspectos se debe dar a la tarea de presentar buenos argumentos que defiendan y resalten la causa que representa, es por ello importante el desarrollo de una capacidad argumentativa dentro del que hacer jurídico del profesional en derecho.
El régimen de responsabilidad aplicable a las personas que dirigen entidades descentralizadas por servicios
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Finlay Prada, Adriana; Perea Bonilla, Hernel
El Estado Colombiano, en desarrollo del principio de la descentralización, con el propósito de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política, ha dado lugar a la existencia de unas entidades dotadas de atribuciones para autogobernarse para lo cual gozan de personería jurídica, autonomía fiscal y administrativa, así surge la descentralización por servicios a través de la cual la administración especializa y tecnifica el cumplimiento de funciones el Estado. En esa necesidad de poder cumplir con los fines constitucionales, el Estado se manifiesta a través de múltiples formas de entidades, tales como los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, las sociedades públicas, asociaciones y fundaciones, empresas de servicios públicos entre otras, las cuales adoptan distintos regímenes jurídicos, atendiendo a su naturaleza y a lo establecido por el legislador.
Pautas jurisprudenciales para determinar el régimen de responsabilidad aplicable en los casos de perjuicios derivados de la conducción o participación de vehículos automotores oficiales
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Franco Solarte, Martha Lucia; Franco Muñoz, Mirella; Moreno Viáfara, Ferney
Los orígenes del derecho administrativo y su relación con la configuración de la moralidad administrativa en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Martínez Cortez, Andrés Mauricio; Perea Bonilla, Hernel Jhuleicer
Cuando se hace una exploración de las ideas y de los eventos históricos que motivaron la aparición del Derecho Administrativo es necesario hacer referencia tanto a la ilustración como a la Revolución Francesa. La ilustración puso las bases filosóficas para los principios de esta área del Derecho; mientras la Revolución Francesa culminó con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), documento donde se consagran, por primera vez en la historia, los valores del Derecho Administrativo occidental. En el ordenamiento jurídico colombiano pueden rastrease dichos principios,particularmente, en lo relacionado con la moralidad administrativa, con la deontología del funcionario.
Responsabilidad extracontractual del Estado
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Mena Grueso, Sindy Mariel; Arango Zambrano, Manuel Francisco
El presente ensayo es con la finalidad de diferenciar los tipos de regímenes que conforman la responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano desde un punto de vista normativo de conformidad a nuestra Constitución Política de 1991 y los diferentes pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado. De esa manera, poder determinar el régimen aplicable a la autoridad pública por la presunta omisión en el ejercicio de sus obligaciones que se encuentran estipuladas en el ordenamiento jurídico y hasta qué punto se le puede exigir a la administración el cumplimiento del mismo. Además, en el caso que la administración pública no sea responsable del daño causado a particulares o de indemnizar los perjuicios sufridos a las víctimas, se deberá identificar cuál fue la causa del hecho que generó ese resultado y así poder desarrollar de manera clara con ejemplos como se han venido aplicando los diferentes regímenes de responsabilidad en el Estado Colombiano.
La oralidad en el procedimiento administrativo Colombiano
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Hurtado Angulo, Gloria Anita; Moreno Viafara, Ferney
Es importante tener en cuenta que el ser humano es la base fundamental de toda sociedad en general y por ende es la base fundamental para los procesos judiciales, como lo es el sistema contencioso administrativo, que acompañado de la administración publica, cumple un papel elemental , en la cual debe estar al servicio de las sociedades, bajo los principios constitucionales de la función administrativa, por lo tanto, el Estado debe estar al cuidado de los ciudadanos y para ello debe buscar los mecanismos necesarios que conlleve a que esos principios sean reflejados en todas las actuaciones de carácter administrativo, judicial, legislativo y en los demás ámbitos de su competencia, buscando de esta forma la prestación del servicio. Los mecanismos y sistemas de administración de justicia en los últimos años han venido evolucionando en sus formas de aplicación, buscando la eficiencia de los procesos que se lleven a cabo en todas las jurisdicciones de nuestro país Colombia, ya que por muchos años los Colombianos estuvieron sujetos a un procedimiento mediante el cual los participantes podían recurrir al Juez contencioso administrativo para obtener de una decisión (sentencia o fallo judicial), una condena en contra del Estado y ver con sus derechos son reconocidos, que más tarde llevado a la práctica, se han evidenciado que este anhelo puede tardar más del tiempo que el ciudadano está esperando; lo que conlleva a una total afectación a su “petitium”, y por ende violación a su derecho fundamental. Por su retardo en el trámite, que puede suceder cuando llegue la sentencia, el demandante ya se encuentra fallecido por las demoras en los procesos.

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