Especialización en Derecho Administrativo - Virtual

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https://usc.scimago.es/handle/20.500.12421/1456

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Derecho a la seguridad social en parejas del mismo sexo en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Calderón Jiménez, Marlene; Cano Sterling, Andrés Felipe
Este artículo busca examinar el tema dentro de un contexto teórico indagando sobre los antecedentes históricos de la unión marital de hecho en Colombia, su percepción social y jurídica durante la vigencia de la Constitución de 1886, para darle paso a las circunstancias que dieron pie a la creación de la ley 54 de 1990, sus antecedentes, la jurisprudencia más relevante y las razones que llevaron a su reforma con la ley 979 de 2003, todo esto en perfecta concordancia con los criterios de familia que integró el artículo 42 de la Constitución Política de 1991, y el concepto de igualdad que ésta nueva carta integró al ordenamiento jurídico. Para ello será relevante establecer la importancia que el principio de igualdad ostenta ante la unión marital de hecho en temas como la seguridad social y cómo este mismo principio de igualdad se verá reflejado en el amparo de estos derechos a las parejas del mismo sexo. También será necesario dar una mirada hacia las nuevas formas de estructuración de la familia, para así comprender, no solamente el sentido amplio que el artículo 42 de la Constitución política de Colombia otorgó al concepto de la misma reconociendo a la unión marital de hecho como una nueva forma de conformarla, sino también cómo la unión marital de hecho en parejas de mismo sexo logró equiparar el derecho a la seguridad social por su misma condición de familia. De igual manera consideramos importante dar a conocer estos nuevos tipos de familia para identificar en sentido amplio de qué manera la jurisprudencia ha estado a la vanguardia de los profundos cambios sociales para adaptar sus tesis a la realidad nacional. Así mismo, destacar la línea jurisprudencial elaborada por la Honorable Corte Constitucional, determinantes en asuntos claves como la consolidación de los derechos que otorgó la ley 54 de 1990 a las uniones maritales de hecho en Encabezado: SEGURIDAD SOCIAL PAREJAS DEL MISMO SEXO EN COLOMBIA parejas del mismo sexo, la extensión de derechos y obligaciones a este tipo de uniones en materia de afiliación al régimen de seguridad social, el derecho a recibir sustitución de pensión, derechos y obligaciones de alimentos todas ellas, así como la solemnización de la unión civil en parejas del mismo sexo, encaminadas a preservar los principios de igualdad, y libre desarrollo de la personalidad.
Tensión del derecho de carrera administrativa vs el derecho de estabilidad laboral reforzada
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Urrea Grisales, Alba Lucero; Carvajal Franco, Kerly Millan; Cano Sterling, Andrés Felipe
La responsabilidad del estado y de los parámetros que se deben tener en cuenta en el cumplimiento de decisiones judiciales o acuerdos conciliatorios
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Erazo Ortíz, María Claudia; Mora Jurado, Santiago David; Cano Sterling, Andrés Felipe
Declaración de urgencia manifiesta como mecanismo de contratación estatal
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Lopera Cortez, Yaneth Cristina; Aldana Diaz, Diana Marcela; Cano Sterling, Andrés Felipe
El papel de consejo de estado actuando como juez constitucional
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Cardona Villanueva, Luisa Fernanda; Galarza Murillo, Diana Marcela; Cano Sterling, Andrés Felipe
Colombia cuenta con mecanismos de control constitucional, previstos por nuestra Constitución de 1991, por un lado esta la Corte Constitucional, que es el máximo ente encargado de proteger nuestra Carta Política, existe la acción publica de inconstitucionalidad, de competencia exclusiva de esta alta corte, así como la revisión de los fallos de tutela, de competencia de todos los jueces de la republica sin importar cual sea su competencia habitual, están obligados por la Constitución y la Ley para actuar como jueces Constitucionales; existe también la acción de nulidad por inconstitucionalidad, cuya competencia es del Consejo de Estado, que es el máximo ente de la jurisdicción contencioso administrativo, pero cuando conoce de este tipo de acciones, actúa como juez constitucional dentro de los limites consagrados en la Constitución y la Ley.
Implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico y sus efectos en materia de defensa jurídica del estado
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Peláez López, Sandra Milena; Toro Hernández, Laura Ines
Análisis sobre la validez y eficacia, del acto administrativo, en relación con los principios de legalidad y publicidad
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Montenegro Abadía, Yadira; Cano Sterling, Andrés Felipe
This document is focused on the concept of the administrative act based on jurisprudence, Law 1437 of 2011 and on the different doctrines, glimpsing and revealing the aspects and expressions that make it dependent on certain essential elements in its configuration, which Are the principles of administrative law, will establish directly the relationship and connection of the principles of publicity and legality against the validity and effectiveness of the administrative act in its entirety. In its development the text shows the harmony that must prevail in the mentioned principles next to the validity and the effectiveness; Whereas these are direct consequences of the proper application of these principles; Which leads to fulfill and to perform in the best way, the intention contained in the administrative act issued, which is nothing other than to bring to completion the will of the state authority, in use of its administrative function.
El derecho de petición y sus alcances
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Gómez Achigue, Miguel Horacio; Cano Sterling, Miguel Horacio
El feminicidio en Colombia, violencia de género o responsabilidad estatal
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Cuellar Ortíz, Floriced; Cano Sterling, Andrés Felipe
Para la realización de este artículo se desarrolló la investigación de tipo documental utilizando una búsqueda en bases de datos de internet acudiendo a la revisión de palabras claves inherentes al tema. Partiendo de que nuestro país es un Estado social de derecho que busca la especial protección de los derechos de sus asociados consagrados en la constitución política de 1991, el juez constitucional tiene como función la defensa y efectivizarían de los derechos instituidos en la norma constitucional, jugando la Corte constitucional un papel garantista de protección a las personas que se encuentren en situación de inferioridad, en nuestro caso lo que concierne al feminicidio en Colombia.
Fenómeno de la corrupción en la administración pública colombiana
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Loaiza Bonilla, Paula Andrea; Cano Sterling, Andrés Felipe
Beyond the innumerable cases of corruption that we are witnessing on a daily basis, the type of culture that this phenomenon has been generating in Colombian society is worrying. It is not only the economic cost, which is enormous, but of the social decomposition and institutional disarray, realities that are moving away from being a competitive and innovative country, due to the lack of transparency, confidence and adequate controls in public bodies . This analysis aims to demonstrate that corruption in Colombia is the cause of the low credibility of citizens in their institutions and their leaders, which also means that the results of the administration are adversely affected as a result of And public works that are delivered to the public are not what she expects in terms of quality and convenience.
Legitimidad en el capitalismo tardío y desobediencia civil
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Martínez Granada, María Isabel Catalina; Cano Sterling, Andrés Felipe
El modelo estándar de control interno-MECI y su aplicación en Guadalajara de Buga
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Fontal Grisales, Gabriel; Martínez Melo, Claudia Lorena; Cano Sterling, Andrés Felipe
Panorama de la decentralización de tipo administrativo en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Patiño Ortíz, Diego Fernando; Cano Sterling, Andrés Felipe
El panorama es una clave especial para definir los rasgos generales y posteriormente los específicos de una reflexión o asunto de la vida de una nación. En este sentido, la evocación de la descentralización de Colombia en los últimos años, irrumpe con las precariedades que han existido en un gobernó central, donde a lo largo del Estado soberano y su existencia, no ha encontrado una estabilidad o guía para resolver su propio modelo de tipo administrativo y político, que ha llevado a la experimentación de nuevos tratados y luchas por alcanzar un gobierno unitario, con toma de decisiones reales para los único que las asimilan, las personas en los diferentes municipios. Por eso mismo, desde la navegación de las cartas y los procesos de luchas civiles, se han posicionado unas alternativas para lograr una administración pública que permita la consolidación de los trabajos mayoritarios, de las luchas por crear estados de concienciación y de aprender a manejar los recursos públicos, gestas que después de las guerras civiles tuvieron mayor auge y que con las constituciones de 1886 se adoptaría el centralismo como paradigma del Estado
Responsabilidad del estado por el sistema de protección implementado en Colombia, para garantizar la integridad personal y la pervivencia de los pueblos a través de su protección colectiva.
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Delgado Canabal, Cynthian Johanna; Cano Sterling, Andrés Felipe
El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. Este derecho se encuentra consagrado en el derecho internacional desde el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 5), los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a los conflictos armados (protocolo II, artículo 4). No es sino hasta mediados de los años 60, cuando tienen origen los tratados generales de derechos humanos como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" de 1968 (artículo 5), que este derecho pasará a tener un mayor desarrollo legislativo internacional. Debido a la preocupación de la comunidad internacional considerando la importancia de este derecho y lo reiterado de las prácticas mundiales atentatorias de este derecho, es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 25/06/1987, tras haber sido ratificada por 20 países. Para el año 2001 contaba con 124 Estados partes.Igualmente, en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos se suscribe en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, que entra en vigor el 28 de febrero de 1987.
Teoría del hecho del príncipe y de la imprevisión en la contratación estatal bajo la guía de la doctrina y la jurisprudencia
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Mirquez Barbosa, Luis Ariel; Cano Sterling, Andrés Felipe
Responsabilidad patrimonial del estado por falla del servicio en la prestación de los servicios médicos
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Calle Giraldo, Andrea Lorena; Herrera Ruíz, Milagro María; Cano Sterling, Andrés Felipe
El presente artículo realizado para obtener el título de especialista en derecho administrativo, contiene estudio jurisprudencial, normativo, investigativo y de enseñanza académica por la Universidad Santiago de Cali.En este artículo se abordan las fallas del Estado en la prestación del servicio de salud por destinación diferente de los recursos; si bien existen muchas fallas al respecto este artículo se reducirá sólo al tema anunciado, por considerarse que hoy día nos agobia, ante la impotente ineficacia del gobierno para erradicar la corrupción y en especial en el tema de salud, pues ya no hay respeto por la vida humana, la salud se mendiga y no se garantizan los mínimos estándares del estado social de derecho que estipula nuestra carta política y todo debido a que la propia constitución habilitó la posibilidad de que organizaciones privadas participara del sistema de salud, quienes han convertido la salud en un fortín burocrático, una forma de enriquecerse a costa de los afiliados del régimen contributivo y del Estado.
Análisis del factor integrante e insustituible del derecho de petición dentro de la función pública de un programa presidencia. Que genera congestión judicial, Caquéta, 2016-2017
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Saldarriaga Arroyave, German Dario; Cano Sterling, Andrés Felipe
This investigative-descriptive article is structured so that the reader actively identifies as a consequence of the omissive behavior of the territorial entity before the integral and irreplaceable factor of the right of petition, the congestion that is being presented in the judicial offices in the Department of Caquetá during the 2016-2017 period in the presentation of guardianships for violation of the fundamental right of petition, which now overwhelms the constitutional judges of this department, due to the administrative oversight that is being carried out to the ordinary processes of the judicial offices and the low qualification in the performance evaluation. The reason of this scenario is the objective that arises from the same political constitution and that the fundamental right is guaranteed for all injured by means of the public function on the same territorial entity. The non-resolution of the recognition and protection of the rights resides in the head of the petitioner, he is the person who brings to the attention of the territorial authority his needs and expectations, in the hope of receiving a prompt response that solves or resolves his situation somehow. Institutional weaknesses are presented within the different levels of the administration of the UARIV and their omissive behavior before the rights of petition presented by the victims of the internal armed conflict are the product of their negligence; this causes a judgment of reproach, which justifies the harmful result that the public entity is generating. This resulted in a considerable increase in guardianships actions against the UARIV, which is causing excessive delays and high costs due to congestion in the Judicial Offices and the state responsibilities, which is justified in the figure of the service failure. Part of the non-functioning system generates damage to a person, in this case to the "victim". Considering all the above, this research carried out a deductive methodological design as a data collection technique and was carried out with a carried out by means of a circular CSJC17-021 date March 24, 2017 that were applied to the constitutional judges of the department and a statistical evaluation analysis to the congested judicial offices, this impact was assessed and generated a congestion as a result 55.21 %, as a primary information and as secondary information the definition and scope of the public function was indicated, the regulatory framework and scope of the integral and irreplaceable factor of the Statutory Law of petition. Finally, the territorial entity indicated that they manage the presidential program and the process of law of the rights of petition presented by the citizens, in order to prevent the great amount of administrative surveillance to the constitutional judges and to guarantee their fulfillment by the territorial entity and reduce court congestion in this Department
Los servicios públicos domiciliarios, su evolución y desarrollo en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Ariza Rojas, Lauren Heidy; Castiblanco Duarte, Luz Ángela; Cano Sterling, Andrés Felipe
The evolution of law brings with it the call for neo-constitutionalism doctrine or Constitutionalisation of law; Which gives rise to a legal order that revolved around blind adherence of the law, for the nineteenth century, to a legal order with a central axis constituted by the Magna letter or fundamental charter, for the twentieth century; Hence the innumerable advances in constitutional matters have been generated in the states, which is why from the perspective of neo-constitutionalism and the number of advances based on the protection of the person, Through the establishment of principles and the preponderance acquired by fundamental rights, we will examine the progress of public services in the home, insofar as they are aimed at meeting the essential basic needs of the people; Its progress, coverage and reach, Analyzing the normative framework and the said by the Constitutional Court with respect to the guiding principles of the same, as well as the entities in charge of the regulation, inspection, surveillance and control.
La contratación pública en Colombia
(Universidad Santiago de Cali, 2017) Riveros Rodriguez, María Emilce; Cano Sterling, Andrés Felipe
El Estado, desde su agenda de conectividad, ha formulado acciones para hacer más ágil y transparente la contratación estatal y, de esta manera, evitar la tramitomanía en documentos y ejercicios propios de la actividad, mediante la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Por esta razón en consecuencia, se Implementó en la actualidad el Sistema de Información para la Contratación Estatal (SICE) y el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), lo cual, a pesar de los sistemas implementados, Colombia se encuentra entre los países más corruptos a la hora de contratar. Desde la Constitución de 1991 el artículo primero de nuestra carta magna donde nos habla que Colombia paso de ser un estado de Derecho a ser El Estado Social de Derecho se caracteriza por garantizar los derechos fundamentales, reconocidos a través de una Constitución, con el fin de evitar la desigualdad y que se atente contra la dignidad humana. Colombia, a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, asumiendo un compromiso con los ciudadanos se estableció como Estado Social de Derecho asumiendo de esta manera un compromiso por la defensa de los intereses de sus ciudadanos, como lo reza el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” 1, desde ahí y para poder cumplir con los cometidos de la constitución se tenía que reinventar los estatutos de la contratación, entonces los aportes de la constitución fueron claves para la generación de la Ley 80 de 1993, púes se parte de los principios y postulados de la constitución con que se crean todas las leyes las cuales no pueden sobrepasar los mandatos de la constitución.
Postconflicto frente al Derecho Constitucional
(Universidad Santiago de Cali, 2017) González Salazar, Cristian Camilo; Arboleda García, Diana Marcela; Arango Zambrano, Manuel Francisco
Se realiza este ensayo buscando exponer y evidenciar como el actual proceso de paz entre guerrilla y gobierno colombiano a través de los diálogos de paz en la habana, resultan en extremo restantes para nuestro modelo jurídico y más aún para nuestra carta política sopena de que el devenir de este proceso contradice directa y puntualmente postulados constitucionales, se busca hacer un análisis de como cuan contrario es el accionar propio de ambos actores del proceso de paz incluso frente al derecho internacional humanitario, se entiende que Colombia a causa de su conflicto armado ha padecido una violencia sangrienta por más de medio siglo, pero no se comparte como el gobierno en su afán desesperado por lograr la paz se hace el de la vista corta frente a la constitución, las leyes y conceptos de expertos en el tema.

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